Pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios | Acciones judiciales en torno al Decreto 1275 de 2024

1. ¿Qué es el Decreto 1275 de 2024?

El Decreto 1275 de 2024 representa un paso normativo significativo al formalizar el rol de los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios. Aunque se basa en fundamentos constitucionales y jurisprudenciales preexistentes, su expedición ha suscitado un debate jurídico que se ha trasladado a los tribunales a través de diversas acciones judiciales, tanto buscando anularlo como lidiando con las implicaciones de su aplicación.

• El Decreto 1275 de 2024 reconoce formalmente a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en Colombia.
• Se fundamenta en el artículo 56 transitorio de la Constitución, el artículo 330 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-955 de 2003, T-248 de 2024, T-106 de 2025).
• Su expedición ha generado diversas acciones judiciales que buscan su anulación o que se derivan de su aplicación.

2. Demandas de nulidad ante el Consejo de Estado

La vía más directa para controvertir la legalidad del Decreto 1275 ha sido la acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Sin embargo, los intentos iniciales se han encontrado con un muro procesal: todas las demandas presentadas hasta ahora han sido inadmitidas por no cumplir con requisitos formales esenciales, impidiendo que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

• Se han presentado al menos cuatro demandas de nulidad contra el Decreto 1275 ante la Sección Primera del Consejo de Estado.
• Resultado común: Todas han sido inadmitidas hasta la fecha.

¿Por qué la inadmisión?

• Causa principal: Incumplimiento de requisitos formales exigidos por la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
• Falta de remisión electrónica: Los demandantes no enviaron copia de la demanda y sus anexos a las entidades demandadas por medios electrónicos, como lo exige el numeral 8 del artículo 162 del CPACA.
• Falta de información de notificación: No se indicó el lugar, dirección o canal digital para las notificaciones de las autoridades demandadas.
• Decisión del tribunal: Se inadmiten las demandas para garantizar el debido proceso y se otorga un plazo para subsanar los errores.

Un caso particular - Adecuación del medio de control

• En el proceso 11001032400020240030700, el Consejo de Estado adecuó la demanda.
• Se pasó de "Nulidad por Inconstitucionalidad" a "Nulidad Simple" (art. 137 CPACA).
• Razón: La demanda no presentaba una confrontación directa y exclusiva con la Constitución, sino que también invocaba normas legales, lo cual es propio de la nulidad simple.

3. Otros pronunciamientos y acciones judiciales relevantes

Más allá de los intentos de anulación directa, el Decreto 1275 y el rol ambiental indígena han resonado en otros escenarios judiciales. La Corte Constitucional ha reafirmado la base constitucional de esta función, mientras que conflictos específicos sobre la aplicación del decreto y la delimitación de competencias han llegado a los tribunales a través de acciones de nulidad contra actos de autoridades indígenas y acciones de tutela, evidenciando las tensiones prácticas que surgen.

A. Corte Constitucional: Reafirmación y contexto

Sentencia T-106 de 2025:

• Reafirma la condición de autoridades ambientales de los pueblos indígenas, derivada directamente de la Constitución (Art. 330) y el bloque de constitucionalidad, no solo del Decreto.
• Reconoce el Decreto 1275 y lo considera un aporte para entender el rol indígena y la coordinación intercultural.
• Sostiene que esta condición no puede ser desconocida por otras autoridades públicas.

B. El caso "Remanso Chorrobocón": Un conflicto de competencias

El Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón expide una resolución (Res. 0078 de 2025), sustrayendo 1043,37 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para un proyecto minero. Este acto desencadena dos respuestas judiciales paralelas:

Vía 1: Nulidad (Procuraduría)	Vía 2: Tutela (Ministerio de Ambiente)
Actor: Procuraduría General de la Nación.	Actor: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Acción: Demanda de Nulidad Simple.	Acción: Acción de Tutela.
Tribunal: Consejo de Estado.	Tribunal: Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida.
Argumento Central:	Argumento Central:
El Cabildo no tiene competencia para sustraer áreas de reserva forestal.	Se busca proteger la Estrella Fluvial Inírida.
Esa facultad es exclusiva del Ministerio de Ambiente (Ley 99 de 1993).	Es un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Se vulnera el principio de coordinación (Dto. 1275).
Estado Actual:	Decisión del Juzgado:
En trámite.	Admite la tutela y reconoce que el Dto. 1275 atribuye funciones administrativas a las autoridades indígenas, sujetas a control judicial.
	Ordena:
	Dejar sin efectos la resolución del Cabildo hasta que haya sentencia de nulidad.
	Que el Cabildo se abstenga de realizar explotación minera.
	Que el Ministerio capacite sobre el Dto. 1275.

 

Consideraciones Clave del Caso:

• Tensión Jurídica: Evidencia el choque entre la autonomía indígena (Art. 330 C.P.) y las competencias ambientales del Estado central (Ley 99/93).
• Rol del Decreto 1275: Se invoca tanto para justificar la necesidad de coordinación como para argumentar que los actos indígenas son controlables administrativamente.
• Debate Administrativo: Surge la discusión sobre si las autoridades indígenas deben ser consideradas “autoridades administrativas” en el sentido tradicional.

4. Conclusión clave: ¿Qué nos dicen estas acciones?

El panorama judicial en torno al Decreto 1275 de 2024 revela una etapa inicial marcada por desafíos procesales y un debate emergente sobre la articulación entre la autonomía indígena y el sistema ambiental nacional. Aunque no hay un pronunciamiento de fondo sobre la validez del decreto, las acciones judiciales reflejan la complejidad de su implementación y la necesidad de clarificar competencias y mecanismos de coordinación.

• Foco en lo procesal: Las demandas directas contra el Decreto 1275 no han avanzado a un debate de fondo debido a fallos procesales.
• Validez constitucional (Indirecta): La Corte Constitucional respalda la base constitucional del rol ambiental indígena, independientemente del decreto.
• Conflictos de aplicación: La aplicación práctica del Decreto genera tensiones de competencia, como muestra el caso Chorrobocón, llevando a acciones de nulidad y tutela.
• Debate abierto: Se evidencia un debate sobre la naturaleza jurídica de las autoridades indígenas (¿son administrativas?) y la necesidad de coordinación efectiva entre jurisdicciones.